La contabilidad y la auditoría en las Universidades Públicas españolas.

Francisco Javier López Corrales y Teresa Mareque Álvarez-Santullano

La Constitución española contempla en su artículo 136, la existencia de un órgano supremo encargado, entre otras funciones, de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de las entidades pertenecientes al} sector público, concretamente se trata del Tribunal de Cuentas.

Además del Tribunal de Cuentas, existen diversos Órganos de Control Externo en las comunidades autónomas (OCEX), bajo distintas denominaciones, que ejercen una función fiscalizadora sobre las administraciones autonómicas y locales de sus respectivos ámbitos territoriales. Dichos organismos son los encargados de fiscalizar las cuentas y demás documentos de las universidades públicas pertenecientes a su territorio. En la actualidad, de las diecisiete comunidades autónomas, doce cuentan con su correspondiente órgano de control externo (OCEX). En Galicia el OCEX es el Consello de Contas.

La “fiscalización” de las universidades por parte de los OCEX, no se realiza normalmente en todos los ejercicios económicos, en algunos casos sobrepasan los cinco años, por lo que un porcentaje elevado de universidades públicas someten sus cuentas a “auditoría financiera”, por expertos privados independientes (auditores), bien porque es un requisito que se hace constar en sus estatutos o bien lo hacen voluntariamente.

Es necesario reseñar que los conceptos “auditoría financiera” y “fiscalización”, no son sinónimos; la fiscalización incluye no solo la auditoría de cuentas, sino que también abarca, además, criterios de legalidad, económicos, de eficacia y eficiencia; en términos matemáticos, la auditoría financiera viene siendo un subconjunto de la fiscalización.

universidade

Nos gustaría con este artículo dar respuesta a algunas preguntas relacionadas con la contabilidad y auditoría de las universidades públicas:

¿Quién audita y cuál es la opinión que contiene el informe de auditoría de cuentas anuales de las universidades públicas?

Para dar respuesta a esta pregunta hemos realizado un estudio que abarca el análisis de los informes de auditoría de cuentas anuales de 42 universidades públicas españolas entre los años 2010 y 2018, del cual podemos destacar:

  • En relación al tipo de auditor: hemos observado que las cuatro grandes firmas multinacionales de mayor poder en el mercado de la auditoría, denominadas como Big4 (Deloitte,  PricewaterhouseCoopers-PWC, Ernst & Young-EY y KPMG), son las más representativas, auditando el 36% de las universidades. Si bien existe un abanico, amplio y dispar de otro tipo de firmas de auditoría tanto multinacionales como nacionales, que también auditan a estos organismos públicos.

La mayoría de las firmas de auditoría privadas que auditan las universidades públicas no están especializadas en la auditoría de este tipo de entidades, como sería deseable, siendo un requisito importante el conocimiento de forma profunda y pormenorizada de las particularidades de este tipo de entidades.

Relacionada con la afirmación anterior, hemos observado que en algún informe de fiscalización emitido por un OCEX, se pone de manifiesto que, para auditar las universidades públicas, además de la preparación genérica prescrita por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), hace falta cualificación específica sobre el funcionamiento del sector público, especialmente en contabilidad pública y en derecho público. Esto nos lleva a preguntarnos si los auditores privados que están auditando a las universidades públicas cumplen con estos requisitos.

Por otra parte, nuestro análisis también pone de manifiesto que además de los auditores privados, los informes de auditoría de cuentas anuales de las universidades son firmados, aunque en menor porcentaje (24% del total de los informes analizados), por la Intervención General de la comunidad autónoma donde está localizada la universidad auditada. También, hemos observado que en ocasiones, las auditorías se realizan en coauditoría, es decir, la auditoría se lleva a cabo mediante una colaboración entre los auditores privados y el organismo público de fiscalización correspondiente.

En nuestra opinión, los auditores privados son unos profesionales muy capacitados para realizar auditorías financieras a las universidades públicas, aunque deberían estar especializados en este sector o bien, la auditoría debería realizarse mediante la colaboración entre un auditor privado y la Intervención general de comunidad autónoma.

Por otra parte, independientemente de la realización por parte de las universidades de auditorías financieras anuales, sería conveniente que cada cierto tiempo, y a poder ser en periodos cortos de tiempo, las cuentas anuales de las universidades fuesen fiscalizadas por los OCEX o, en su caso, por el Tribunal de Cuentas.

  • En relación al tipo de opinión que contienen los informes de auditoría: cabe destacar que solo el 60% de los informes son no favorables, es decir, estos informes contienen algún tipo de salvedad. La emisión de una opinión no favorable implica que el auditor concluye, sobre la base de las evidencias de auditoría obtenidas en su trabajo, que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales (significativas), y/o no ha podido obtener evidencias de auditoría suficientes y adecuadas para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales.

Además, teniendo en cuenta si en la realización de la auditoría participa o no un auditor público, hemos observado que la mayoría de los informes con opinión no favorable se dan cuando en la misma interviene un auditor público.

  •  En relación al tipo de salvedades que incluyen en los informes: las salvedades se clasifican como:

i) incorrecciones: diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información presentada en los estados financieros respecto a lo que debió presentarse de acuerdo al marco de información financiera aplicable;

ii) limitaciones al alcance: el auditor no ha podido obtener las evidencias de auditoría suficientes y adecuadas en la que basar su opinión, de ahí que no puede opinar si esa partida es correcta o incorrecta. En nuestro estudio la mayoría de las salvedades que contienen los 1informes de auditoría se refieren a limitaciones al alcance.

En relación a las salvedades, destacamos algunas que hemos encontrado en nuestro estudio, tales como:

    • Como incorrecciones: errores en el cálculo del remanente de tesorería, incumplimiento de la regla de gasto y/o estabilidad presupuestaria, omisión de información obligatoria en la memoria, la no existencia de un control interno, incorrecta contabilización de los proyectos de investigación, fondos bibliográficos, ingresos, patentes, gastos de investigación y de desarrollo, periodificación de los ingresos por matricula, etc.
    • Como limitaciones al alcance: no disponer de estudio actuarial que le permita determinar el pasivo relacionado con compromisos de jubilación del personal, imposibilidad de determinar la razonabilidad de determinados saldos relacionados con la imputación de subvenciones, imposibilidad de determinar la razonabilidad del inmovilizado material por no existir inventario individualizado y valorado de fondos bibliográficos, no existir un inventario valorado, actualizado y conciliado con los registros contables de bienes inmuebles lo que impide determinar la razonabilidad de los saldos, etc.

Por último, cabe destacar que, en general, una buena parte de las salvedades que se incluyen en los informes se mantienen en el tiempo, es decir, se observa que en aproximadamente el 41% del total de los informes analizados, todas o alguna de las salvedades que contenían en el ejercicio precedente se mantienen en el o los ejercicios siguientes, por tanto, esto implica que un buen número de salvedades no se corrigen, como sería lógico y deseable.

  •  En relación a los párrafos de énfasis: son párrafos incluidos en el informe donde el auditor hace referencia a una cuestión incluida en los estados financieros, pero que a juicio del auditor es de tal importancia que resulta fundamental incluirla en el informe para que los usuarios comprendan los mismos. Es muy habitual que en estos párrafos se incluyan distintos tipos de incertidumbres (dudas) sobre la resolución pendiente de distintas situaciones. En relación a esto, hemos observado que los informes de las universidades contienen párrafos de énfasis relacionados con incertidumbres de carácter fiscal, por litigios en curso pendientes de resolución, por posibles quebrantos de subvenciones recibidas, etc. Pero, tal vez, la incertidumbre que más nos ha llamado la atención es la relacionada con posibles problemas del principio de empresa en funcionamiento (PEF), los denominados problemas de continuidad. Concretamente, de los 72 informes que hemos observado que incluyen incertidumbres, 20 hacen referencia a posibles problemas de PEF, es decir, el 28% de los informes que contienen párrafos de énfasis hacen referencia a posibles problemas de continuidad. En la redacción de estos párrafos las universidades ponen de manifiesto situaciones como: importantes tensiones de tesorería y dificultades en su capacidad de realizar pagos, existencia de desequilibrios económico-financieros, existencia de situación financiera con déficit, con pérdidas y fondos propios negativos, aprobación de plan de ajuste para restablecer el equilibrio presupuestario y cumplir los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aludiendo este párrafo a la crisis económica que afecta a la situación económico-financiera de la universidad, etc.

¿Qué normas contables aplican las universidades para el desarrollo de su gestión?

Existe un Plan General Contable Público (PGCP), publicado en el año 2010, plan marco de referencia para que sea adaptado por las comunidades autónomas, ya que cada de ellas tiene capacidad para elaborar un propio sistema de información contable. Por este motivo, cada comunidad autónoma ha venido dictando sus propias normas de gestión económica-financiera.

El problema radica que algunas adaptaciones toman como referencia el PGCP del año 1994 y otras del año 2010, plan actualmente en vigor. Dado que existen diferencias importantes entre ambos planes de cuentas, entre otras, podríamos destacar, cambios en algunas normas de valoración, nuevos tipos de documentos que conforman las cuentas anuales, cuentas de nueva creación y otras que desaparecen, etc., todo ello trae como consecuencia que las universidades públicas, obligadas a seguir las normas de las respectivas comunidades autónomas a las que pertenecen, presenten cuentas que no sean comparables y, en consecuencia, pueden no ser útiles para la toma de decisiones de los distintos usuarios de esta información. Por ejemplo, en referencia a los documentos contables que conforman las cuentas anuales, en el PGCP de 2010, se añadieron dos nuevos estados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Hemos observado en nuestro estudio que de las 42 universidades analizadas 15, en el ejercicio 2018, no incluían en sus cuentas anuales estos nuevos estados, y por tanto, el auditor tampoco hacía mención en el informe de auditoría a la verificación de los mismos.

Para finalizar este artículo, nos gustaría hacer una serie de reflexiones:

  • En nuestra opinión, las universidades públicas necesitan un plan contable propio, adaptado al plan público vigente (PGCP de 2010), que contemple las particularidades que presente la información emitida por estos organismos públicos; podemos citar, entre otras, la contabilización de los ingresos, los gastos de investigación y desarrollo, las patentes, marcas, subvenciones y un muy largo etc.
  • El ejercicio económico no debería ser el año natural, sino el curso académico, como ocurre con algunas empresas del sector privado donde su ejercicio económico se adapta a las particularidades que presentan estas empresas; por ejemplo, en el sector textil la fecha de cierre de las cuentas anuales se corresponde con el periodo de finalización de rebajas, finales de enero o febrero, según la empresa, o los equipos de fútbol, cuya fecha de cierre de las cuentas anuales se corresponde con el final de las competiciones, finales de junio.
  • De cara a la transparencia de la información, las universidades deberían hacer constar en sus portales web información sobre el techo de gasto, grado de cumplimiento de la regla de gasto y de su superávit/déficit, en términos de la contabilidad nacional. Nuestro estudio pone de manifiesto que muy pocas lo hacen y no se muestra la información de forma suficientemente clara. Creemos que la opinión pública debe ser conocedora de esta información, pues no olvidemos, que las universidades se financian con fondos públicos pagados por los contribuyentes.
  • En la memoria de las cuentas anuales se debe hacer referencia, por ser de obligado cumplimiento para las universidades públicas, de información relacionada con el coste de las distintas actividades llevadas a cabo por estas entidades, pero hemos advertido que muchas universidades no hacen constar tal información, y tampoco es habitual que cuando se produce tal situación los auditores hagan referencia en su informe a que se está omitiendo tal información en los estados financieros. Para los distintos usuarios de la información, entre los que se encuentra la comunidad universitaria, sería interesante conocer el coste de cada campus, de cada facultad, de una determinada carrera o bien de los distintos servicios de apoyo, entre otros.
  • Las universidades públicas deben disponer de normas contables y presupuestarias comunes y las auditorías financieras deben ser realizadas por auditores privados especializados, por la Intervención General de la respectiva comunidad autónoma y, por supuesto, los OCEX deben fiscalizar con más regularidad las cuentas de las universidades.

Pontevedra 2020

Francisco Javier López Corrales

Francisco Javier López Corrales

Profesor Titular de la UVIGO jubilado

Profesor Titular de la UVIGO jubilado, Doctor en Ciencias Económicas, Director de tres tesis doctorales sobre auditoría, autor de 12 libros sobre contabilidad y auditoría y distintas publicaciones en revistas especializadas

Mercedes Mareque Álvarez-Santullano

Mercedes Mareque Álvarez-Santullano

Profesora Titular de la UVIGO

Profesora Titular de UVigo, Doctora en Ciencias Económicas, directora de una tesis doctoral, autora de distintas publicaciones en revistas especializadas y de libros de contabilidad y auditoría

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